Armamento importado por Sedena "se desvía" hacia grupos criminales

Por: Blanche Petrich

Los narcotraficantes y las pandillas criminales de México no se surten únicamente con armamento contrabandeado desde Estados Unidos. También usan armas importadas con todos los permisos y verificaciones por la Secretaría de la Defensa y que en algún punto de su ruta se desvían y caen en manos indebidas. Esto es lo que demuestra la historia de un fusil R-15 recuperado por la policía estatal de Michoacán después de un enfrentamiento entre agentes municipales y sicarios en la localidad de Panindícuaro el 18 de noviembre de 2009.

El arma había sido importada en 2006 y entregada en 2007 a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Ahí se perdió. Los agentes estadunidenses encargados de la investigación concluyeron que las autoridades michoacanas no tienen mecanismos confiables para el resguardo de su armamento. Es apenas una gota en el llamado río de hierro (en alusión al incontrolable flujo de armas) que entra al país por vías legales o ilegales y ha conseguido que el crimen organizado, hoy día, tenga mayor poder de fuego que el Estado, según admite el propio gobierno.

La trayectoria del R-15 fue reconstruida por el programa Blue Lantern (Linterna Azul), de la Oficina de Control Comercial de la Defensa, según un par de cables intercambiados con la embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Estado y filtrados por Wikileaks (09MEXICO3376 y 09STATE57530). Este programa utiliza el sistema E-Trace, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que algunos críticos del sistema llaman irónicamente No Trace, sin rastro.

Blue Lantern lleva un registro estricto de toda la documentación sobre el comercio de armas en Estados Unidos (que es masivo y se distribuye en todo el mundo) y pretende asegurar que todas sus rutas, desde el fabricante o vendedor hasta su destino final, estén legalmente documentadas.

El R-15, con número de serie L428091, formó parte de un lote de mil 30 fusiles de repetición calibre 5.56 vendidos por el fabricante Bushmaster International, con sede en Maine, proveedor líder en el mundo de este tipo de arma, derivada de la Remington, que tiene dos variantes: la deportiva y la militar.

La Secretaría Nacional de Defensa compró esa dotación en 2006 bajo la licencia 050016624, con el fin de proporcionar armamento a las policías estatales de Michoacán, Baja California y Chihuahua.

Estos contratos prohíben expresamente cualquier operación posterior de reventa. Sedena es la única entidad autorizada en México para importar armas y está legalmente impedida para exportarlas.

El primer envío se efectuó a Laredo, Texas, el 12 de diciembre de 2006. Según los registros, en el primer lote de 507 piezas iba el de número de serie L428091. El 5 de enero de 2007 llegó la dotación con las 523 armas restantes. El 10 de enero personal de la Sedena recibió el cargamento en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un broker de la industria armamentista y representante legal de Bushmaster en México, Eduardo Jordán, actuó como agente de ventas.

La empresa Central de Aduanas de México, con oficinas en Monterrey, especializada en importación y exportación a través del paso Laredo-Nuevo Laredo, gestionó los permisos aduanales para hacer el traslado. Todos ellos fueron puestos bajo el microscopio de la ATF y de Linterna Azul.

Finalmente las autoridades demandaron que la Secretaría de la Defensa demostrara paso por paso la legalidad de la operación. Sedena insiste en que lleva un control muy estricto sobre todo el armamento que entra legalmente a México, dice el cable.

El 15 de mayo, Sedena envió un lote de 121 fusiles R-15 a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. A nombre del gobierno estatal firmó de recibido Francisco Gabriel Huerta. El L428091 estaba incluido. Y ahí se pierde su rastro.

Los 81 fusiles que no fueron enviados a los estados de destino quedaron bajo resguardo en el Campo Militar número uno, en Lomas de Tecamachalco.

La investigación se detuvo en las autoridades de Michoacán. No hay evidencia de que los funcionarios estatales hayan aplicado de manera estricta las regulaciones y la cadena de custodia una vez que recibieron el armamento de Sedena. Dada la falta de confiabilidad de los métodos de custodia de arsenales una vez que éstos llegan a nivel de las autoridades estatales, nuestros agentes tienen buenas razones para pensar que es ahí de donde muchas armas simplemente desaparecen.

En el material que evidencian estos dos cables falta el eslabón final: ¿quién fue responsable de que el R-15 haya parado en manos de una pandilla de delincuentes en la meseta purépecha?

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Carta enviada a La Jornada, relacionada con la nota

Precisión del gobierno de Michoacán. Publicado el 30 de marzo de 2011.